Escoltas: ¿¿un privilegio éticamente inaceptable o una servidumbre que debemos apoyar.??

 

 

En España, a causa del terrorismo de ETA, cientos, quizás más de mil personas tienen asignado un servicio de protección y escolta a cargo de los presupuestos del Estado.

En las últimas semanas, por distintas razones ha vuelto a la actualidad el problema de las personas que disfrutan o sufren de servicio de protección personal o escolta.

El servicio de escolta es un castigo o un privilegio. Hay quien se ve obligado a llevarlo en razón de su cargo o el territorio donde reside, y hay quien disfruta del mismo como una prueba de su posición social, de su clase, de su importancia.

En fechas recientes se ha conocido la reducción de este servicio a determinadas personas, decisión que compartimos, e instamos al ministro del Interior a que siga en la misma línea de restringir drásticamente el servicio de escoltas salvo para quienes estén en riesgo cierto de amenaza terrorista. La inmensa mayoría de los servicios de escolta no está justificada, y salvo en casos muy concretos en el País Vasco, nadie debería ser obligado a llevar escolta, situación alegada recientemente por algún ex ministro para justificar que un elevado número de policías, de funcionarios públicos pagados por el erario, pasen horas en la calle de un bar de copas mientras él se divierte dentro.

Hay que exigir a quienes prestan este servicio que no se dejen utilizar para funciones que no son las suyas ni permitan un uso abusivo de su profesión ni de los medios materiales a su disposición para garantizar la seguridad. Algún escoltado usa y abusa del servicio y los medios materiales, y cuando reciben alguna crítica alegan que se vulnera su derecho a la intimidad. Hay que rechazar este argumento, como el que usan los maltratadores cuando maltratan a su esposa en el domicilio familiar. La necesaria y profesional reserva respecto del protegido no puede ser la coartada para comportamientos despóticos, abusos de autoridad, desprecios y maltrato a la dignidad profesional y personal de los escoltas. Estos comportamientos deben denunciarse por conducto reglamentario.

Éticamente, el Estado no debe permitir ni un minuto más el abuso de los escoltas, que en muchos casos no obedecen a un análisis real de riesgo sino a la posición social de quien se conduce en democracia con ostentación de poder innecesaria e inaceptable. Varios miembros del SUP han aparecido como objetivos de ETA. Uno de ellos hasta en cuatro ocasiones, y en tres de ellas, en localidades donde residía con su familia.  Nunca le han ofrecido, ni ha pedido, ni aceptaría, ser escoltado, por entender que su posición en esta sociedad, ser policía y ostentar un cargo de representación sindical en el mayor sindicato policial conlleva unos riesgos que deben ser asumidos. Como el albañil, el conductor, el minero o el bombero asumen otros riesgos de su profesión. Sólo por un empañamiento de los valores éticos y morales de esta sociedad se mantienen hoy los cientos de servicios de escolta mientras mueren mujeres víctimas de maltrato, ciudadanos por delincuencia común o víctimas del terrorismo en atentados indiscriminados. Ser funcionario público en determinados servicios comporta riesgos que deben ser asumidos por quien ostenta dicha condición.

Por conducto “diplomático”, a través de los responsables policiales del servicio de escoltas, periódicamente se emiten “recomendaciones” a los protegidos sobre la responsabilidad que conlleva llevar escoltas y las pautas de comportamiento más recomendable.

Hace unos días ha empezado a circular entre algunos escoltas un documento atribuido a la Consejería de Interior del Gobierno vasco, al parecer falso, pero que parece elaborado por un escolta o por alguien que conoce las condiciones de prestación del servicio. Entre otros, argumentos ese documento dice lo siguiente:
-Los escoltas no son sirvientes, ayudantes de cámara ni mayordomos. Su exclusiva misión es protegerles y garantizar su seguridad. Deben ser tratados con respeto pues no son animales ni objetos. Vd. Recibirá el mismo trato que les dispense a ellos.
--Salvo vd. nadie subirá al vehículo; se trata de un coche oficial y el equipo de protección no se responsabiliza de ninguna persona salvo del protegido.
--No se admitirán en el vehículo animales de compañía.
--El equipo de escolta no garantiza su seguridad en pubs, bares de copas, discotecas y centro de concentración de masas, por lo que se negará en todo momento a acompañarle, previa comunicación, a dichos lugares con el fin de evitar situaciones comprometidas para ellos y para Ud.
--No debe salir del domicilio antes de recibir la llamada de su escolta. No debe quedarse parado en mitad de la calle saludando a alguien.

En vista de cuanto antecede, instamos al Gobierno de la Nación a revisar esta situación por decencia y calidad democrática. Y que adopte, entre otras que considere necesarias, las siguientes medidas:

1. Nadie debe ser obligado a llevar escolta.
2. Se deben reducir drásticamente estos servicios, que deben destinarse exclusivamente a personas que trabajan o desarrollan actividad política en el País Vasco y a los más altos responsables de algunas instancias del Estado y del Gobierno.
3. Elaborar un Reglamento de convivencia de escoltados y escoltas de obligado cumplimiento. 

 

Por último, manifestamos el apoyo unánime al Comité federal de canarias, que ha recibido críticas, ataques y descalificaciones del Partido Socialista de  Canarias y de algunos responsables políticos, por denunciar el numeroso número de miembros del CNP dedicados a escoltar al ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar. El número de efectivos es superior al número de once que se señaló en la denuncia.

Toledo, 13 de mayo de 2008

ASAMBLEA NACIONAL

 

S.U.P.